En estas últimas semanas asistimos a una contradicción que se va convirtiendo cada vez más caótica, de un lado el Gobierno Norteamericano presionando a través del ejecutivo peruano, cuyo recadero es el señor Alberto Otárola Peñaranda, jefe actual de la organización de carácter de ONG estatal, DEVIDA; y  de la otra parte, nosotros los cocaleros del VRAE.

Esta contradicción, que ya ha tenido más de una mesita de negociación, marchas y contramarchas, persecución a dirigentes, muerte en las cárceles de nuestros hermanos y compañeros, con acusaciones falsas de terrorismo y compromisos con siembra de plantita de coca en el distrito Kimbiri incluido; no es de ahora, sino ya va llevando un derrotero de varios años, ante esta contradicción estas son nuestras posiciones acentuando siempre que el problema cocalero es un problema agrario parte de un todo nacional, y por su carácter un problema económico social, por tanto político y su solución no escapa a ella, estando lo más alejado posible a todas esas tesis de mejora de producción y productividad igual a mejor calidad de vida, precisado nuestra posición, estas son las características de la problemática:

I. Sobre la cabeza del agricultor pesan cuatro lastres: el primero, son los precios a nivel de mercado, de los cultivos llamados alternativos, que favorecen a todos los intermediarios menos al agricultor, y su determinación es por factores externos y macroeconómicos (bolsa de valores); el segundo son los operadores de este mercado (intermediarios, proveedores); es decir todos aquellos “inversionistas” que se encuentran en la cadena comercial encima del agricultor que generan sus utilidades a costa de este; el tercero es el narcotraficante que coloca sus precios siempre al margen superior de los alternativos, y determinada por factores internos aunque la demanda sea externa, pero en todos los casos es vivir del agricultor, y el cuarto es la nucleación constante de la tierra que legalmente no es suya, porque la ejecución empresarial no está legitimada ya por la propiedad sobre los medios de producción sino por la apropiación funcional de estos, mediante los adelantos y prestamos que se les hace al productor; descapitalizando al mencionado y capitalizando más a los operadores comerciales.

II. Que tanto los cultivos alternativos (cacao y café) así como el cultivo de la coca no son rentables para el agricultor, tal y como lo demostraran estudios realizados en la UNSCH, descapitalizando constantemente al agricultor, por lo tanto la intención de sustituir el cultivo de la coca por los alternativos, equivale a sustituir rentabilidad, y como en todos los casos no lo son, es incorrecta la posición del gobierno que actúa guiado por intereses externos.

III. Como la pobreza no sólo es un indicador social, sino una realidad en el valle que no puede estar desligada de la riqueza, siendo éstas, dos caras de una misma moneda, que está directamente vinculada a las utilidades, “ganancias” o lucro que a consecuencia de esta contradicción se ahonda; la primera se expande cada vez más en las mayorías del VRAEM mientras que el segundo se queda en pocas manos y en sumas elevadas (intermediarios, empresas proveedoras de agroquímicos, narcotraficantes). Por lo tanto cualquier intento de reducirla a un problema de cifras estadísticas modificables es esconder la contradicción principal o verdadera causa que es la explotación del hombre por el hombre y del hombre a la naturaleza. Consecuentemente podemos afirmar que, los cultivos alternativos no son la solución a esta problemática, ya que la búsqueda de oportunidades económicas licitas y generar la voluntad de rechazar el cultivo de la coca, ha fracasado bajo estas condiciones económicas, empujando al agricultor a la descapitalización paulatina y orientando a incrementar el cultivo de la coca.

Po esto decimos nosotros ¡causachun coca! ¡Que alimenta al humilde en su pobreza! ¡No a la erradicación compulsiva de la coca!